Sistema penal, es a decir de Eugenio Raúl Zaffaroni, el “control social punitivo institucionalizado”. El énfasis está dado a los conceptos punición e institucionalización. La “Punición” es “el acto y el efecto de una conducta que pretende responder sancionatoriamente a otra y que importa infligir una cierta dosis de dolor, usualmente resultante de una privación que no responde a los objetivos resarcitorios ordinarios”. “Institucionalizado” alude a que responde a formas o procedimientos establecidos, aunque no sean estrictamente legales, basta con que sean característicos del grupo humano conformante del sistema penal. “Sistema” se usa en el sentido de “conjunto de cosas que sirven a un objetivo”, y no en su acepción orgánica. La expresión “Penal”, por su parte, se refiere a la penalización o punición de ciertas personas, según el autor, aunque en el nivel del discurso, debiera penarse a ciertas acciones. En fin, para él el concepto penal abarca todas las reducciones del espacio social que cumplen una función punitiva o que puedan cumplirla- “aunque el discurso justificativo sea terapéutico, educativo, asistencial o de otra índole”.
1.- Ideologías de los sistemas penales
Tomando como cierto y exacto el concepto de sistema penal expresado por Zaffaroni, o no, no se puede dejar de reconocer que todo sistema penal lleva implícita una ideología que lo sustenta teóricamente, y acá surge otra discusión, cual es el concepto de ideología que usaremos para analizar este punto. Como ya señalé cuando traté la ideología de la Defensa Social, “ideología” es objeto de múltiples interpretaciones; la positiva, que la define como ideales o programas de acción, sustentada por Mannheim, quien dice que es la cosmovisión de un grupo humano que no se realiza – en contrapunto con la utopía, que sí se realiza-. Marx da una definición que es bastante pesimista y que la identifica con el discurso burgués que oculta los verdaderos intereses, o sea, las relaciones económicas. Como los autores no se ponen de acuerdo con su significado, y siguiendo a Zaffaroni, emplearé el sentido que da Abbagnano, quien dice que es “toda creencia adoptada para el control de los comportamientos colectivos, entendiendo por “creencia” una noción que vincula a la conducta y que puede o no tener validez objetiva” .
De todas maneras, sea cual sea la acepción que se use de ideología, no se puede pensar que hay sólo una ideología del sistema penal, sino múltiples, dadas por la multiplicidad de sistemas. Y dentro de cada cual, cada subsistema del entramado penal se mueve según su creencia, por lo tanto, según su propia ideología. Cada ideología incluso puede ser contradictoria con otras operantes en un mismo sistema penal.
Zaffaroni dice al respecto que en la propia realidad latinoamericana coexisten ideologías contradictorias dentro de los múltiples sistemas, producto de teorías importadas de otros continentes -y debido a las múltiples influencias culturales de nuestro continente- con realidades que no tienen mucho que ver con las de estas latitudes. Tan es así, que este autor piensa que por distintos motivos, las ideologías dirigidas por el discurso político y el discurso jurídico a los jueces, son desvirtuadas en los distintos planos en que esos mismos discursos debieran ser aplicados, por ejemplo, en la formación de ciertos estratos concursantes del ámbito penal, se emplean métodos que tienden a anular los postulados de las ideologías, y los comportamientos esperados de los operadores del sistema no se cumplen o contradicen abiertamente el discurso inicial.
2.- Efectos de los sistemas penales
Prácticamente en todos los planos de acción los objetivos esperados en la implantación de un sistema y sus consecuencias en la realidad son distintos, por eso no es extraño que los objetivos proclamados por una ideología y sus efectos, derivados de su funcionamiento, no sean coincidentes e incluso resulten ser contradictorios. Esto se pone de manifiesto, en especial, en el caso de las ideologías de los sistemas penales, sean cuales sean éstas. Como ya he planteado anteriormente, se parte ya con el problema de determinar qué es ideología, otro problema es que en un mismo espacio social pueden coexistir varias ideologías y formas de interpretar a cada una de ellas. Sin contar con el hecho que ha habido múltiples ideologías sustentando la idea de establecer el sistema penal que satisfaga los requerimientos de la sociedad, la cual ha sufrido también cambios a través del tiempo. La ideología de la defensa social es la que ha tenido más adhesión, y por tanto, es la más usada como marco teórico para la implementación de sistemas penales a lo largo del mundo, y sin embargo, al parecer, no ha rendido los frutos esperados. Así como tampoco han sido suficientes para solucionar la cuestión penal otras ideologías como la que habla de la retribución como objetivo central de los sistemas de control social. Todo esto para concluir que los elementos de juicio con que se cuenta a nivel mundial para solucionar el asunto criminal, no son los más idóneos. Hace reflexionar que más que buscar un sistema general, se debe responder a las necesidades de cada realidad social, con los elementos que conforman la idiosincrasia de cada pueblo.
3.- Tendencia actual mundial
Llegado a este punto, y habiendo hecho un somero repaso sobre sistemas penales, ideologías que los sustentan y efectos de los mismos; se vislumbra fácilmente que, como he señalado anteriormente, los mecanismos de control social formal no han sido capaces de cumplir con las expectativas tenidas en cuenta en la implantación de tal o cual sistema sustentado en una u otra ideología. A través del mundo entero se levantan voces pidiendo la elevación de las penas, el recrudecimiento de la lucha contra determinados tipos de delitos, etc. Estos fenómenos se plantean en forma más o menos cíclica, y se vuelve al punto de partida. Parece ser que la experiencia quiere mostrar que no hay sólo una vía para intentar bajar los índices de delincuencia.
Pero la tendencia mundial no necesariamente debe ser leída como un efectivo aumento de los niveles de delincuencia; para hacer una evaluación correcta, hay que tomar en cuenta infinidad de factores que han creado la sensación de que la delincuencia es una peste que crece desmesuradamente y que parece no tener solución. Muchos factores han sido olvidados, como por ejemplo el hecho de que la población mundial crece a cada momento, y por lo tanto, para acercarse recién a un intento de análisis se debe hacer la pregunta de si la proporción de delincuencia se mantiene en relación al aumento de la población. No hay que dejar de tener en cuenta que hay muchos grupos con distintos intereses que ponen en el tapete este tema como una forma de evadir otros temas que son relevantes, como la contaminación mundial, la creación de armas nucleares, la negativa a pertenecer a entidades supranacionales de justicia, etc.
En el capítulo I expuse varias características del derecho penal moderno, que implican una ampliación del ámbito de acción del mismo. Varias de estas características redundan en una lesión al principio de intervención mínima, y por eso mismo, el derecho penal ocupa ámbitos que antes no eran cubiertos por esta rama del derecho. Las tendencias a la prevención como objetivo principal del derecho penal y el nuevo carácter de instrumento de enseñanza social que cumple, implican de suyo una ampliación. La creación de nuevos delitos penales, la creación de delitos de peligro abstracto, la incorporación de nuevos objetos jurídicos protegidos, etc. contribuyen aún más a expandir el campo de acción de este derecho. De esta manera se puede necesitar un derecho penal infinito, y, por tanto, crear una cantidad infinita de delitos y de nuevos delincuentes.
4.- En América
Las tendencias a nivel mundial y regional pueden ser analizadas desde muchas perspectivas, cada una de las cuales pone el acento en distintos tópicos. Lo cierto es que de la confrontación de los diversos modos de enfrentar el tema de los efectos de los sistemas penales, se puede extraer un cuadro más o menos exacto acerca de los reales efectos de los mismos. Lo que viene a continuación es un extracto del pensamiento de Peter Waldmann , planteado en el marco de una conferencia sobre la realidad latinoamericana y recogido en el texto “El Estado en América Latina”, cuyo autor es Manfred Mols .
5.- Vigilantismo, democratización y papel de la Policía
“Naturalmente la brutal actuación de la Policía no es un fenómeno aislado, sino que está inmersa en una corriente, en general creciente, de hechos violentos destinados a conservar el orden y la seguridad y con respecto a los cuales se ha ido imponiendo el uso científico del lenguaje anglosajón del término “vigilantismo”. Este término designa una forma de ejercicio de la violencia cuyas características principales son: su ilegalidad y el objetivo de conservación y defensa de la situación social y política existente. Se defiende un orden violando las leyes sobre las que se basa ese orden”, así podría caracterizarse (…) la lógica de la acción de los grupos vigilantistas”.
“Para obtener una visión de las formas esenciales del comportamiento vigilantista, puede recurrirse a la tipología general sobre este fenómeno formulada por H.J. Rosenbaum y P. C. Sederberg (1976,9 ss). Su criterio básico eran los objetivos de las prácticas violentas vigilantistas. Elaboraron tres objetivos principales y desarrollaron consecuentemente tres tipos fundamentales de corrientes vigilantistas a las que llamaron “crime-control Vigilantism”, “social group-control Vigilantism” y “regime-control Vigilantism”.
“Crime-control Vigilantism”
“En este primer subtipo se encuentra en el primer plano la lucha contra la criminalidad, vinculado con los motivos y modelos de comportamiento típicos de los llamados movimientos “law and order”: en vista de la supuesta ineficiencia o demasiada condescendencia de los órganos del Estado, encargados de la aplicación de la pena, determinados grupos decidieron tomar en sus manos la contención de la desbordante criminalidad a fin de reestablecer así la ley y el orden… estos grupos que actúan por cuenta propia en contra de reales o supuestos violadores de la ley, pueden formarse en la sociedad misma, o ser reclutados entre elementos frustrados de las fuerzas de seguridad estatales (militares, policía); en parte su actividad ilegal se realiza abiertamente ante los ojos del público y de la autoridades… El hecho de que el peligro para el status quo social provenga primariamente de individuos aislados es la característica más importante que diferencia a este primer grupo del “social group-control vigilantism”, en este último caso, son amplios grupos y corrientes sociales, por ejemplo, nuevas clases emergentes…, los que cuestionan lo tradicional de las estructuras del orden social y el equilibrio del poder. Al aumento de la gravedad del desafío, detrás del cual no se encuentran individuos aislados, sino colectivos sociales, responde la reforzada intensidad de la reacción por parte de los grupos establecidos que ven peligrar sus posiciones. El aparato legislativo es utilizado para la consolidación de las tradicionales posiciones de poder y propiedad, etc…, en caso de que esto no sea suficiente para defenderse, se puede llegar a la violencia”.
“Aunque analíticamente no es difícil distinguirlos, en la práctica los agentes violentos del “crime-control vigilantism” y del “social group-control vigilantism” pueden a veces entremezclarse. Pues una de las tácticas predilectas de las élites del poder establecidas en el trato con los sectores sociales protestatarios, o de algún modo insatisfechos, consiste en negar el carácter colectivo del enfrentamiento y degradarlo a un mero problema de “seguridad y orden”.
“Un tipo en un primer momento sorprendente, pero que sin embargo, responde plenamente a la lógica de la tipología y que, además tiene gran relevancia en América Latina, es el llamado “regime-control Vigilantism”. Aquí se trata de acciones coactivas de organizaciones o grupos contra el aparato de gobierno o el personal de conducción política, por ejemplo, bajo la forma de un golpe de Estado, a fin de lograr una utilización más eficaz del potencial de imposición estatal con miras a la conservación del orden existente”.
“Si, siguiendo a Rosenbaum/ Sederberg, se completa la diferenciación según fines con otra que apunta al tipo de los actores…, se llega a una tabla de seis campos de formas de violencia vigilantista, tal como se presenta en este cuadro. Adoptamos sin modificación el esquema tipológico de ambos autores (traduciendo al castellano las designaciones inglesas); sin embargo, (apartándonos del esquema originario) llenamos los seis campos con las formas de violencia vigilantista características de América Latina y no pretende ser exhaustiva”.
Lucha contra la criminalidad Control de grupos sociales Control de régimen
Linchamientos “justicieros”, grupos humanos de autoayuda Rondas campesinas, asociaciones militares privadas de latifundistas; violencia étnica Rapto y asesinato de políticos contra tribus indígenas
Excesos policiales, entre otros, contra criminales, asociales, “niños de la calle” Represión militar de movimientos guerrilleros Golpes de Estado militares; formas “frías” de la conquista política del poder
Manifestaciones de vigilantismo en América Latina
Peter Wladmann indica como cada vez más frecuentes los linchamientos como reacción a la creciente criminalidad, especialmente en Brasil, esto frente a la ausencia de policía en los barrios miserables, y luego de actos establecidos en forma ritual por los vecinos que se establecen como grupos de autoayuda. Al lado de estos fenómenos se sitúan grupos de la policía latinoamericana que actúan con prácticas de dudosa legalidad, “desde las formas de coacción conocidas y toleradas, tales como la aplicación de golpes en las comisarías, hasta mutilaciones y fusilamientos en masa por parte de los escuadrones de la muerte integrados mayoritariamente por policías”.
En Colombia y en el nordeste brasilero aún se observan luchas por posesión de tierras, en manos de los social group-control vigilantism; pero estas acciones han marcado gran parte de la historia campesina de las sociedades latinoamericanas. El ejército es el agente estatal más importante de este tipo de vigilantismo, especialmente entre los años 60 y 70, cuando surgieron innumerables grupos guerrilleros que quisieron seguir el ejemplo de la revolución cubana.
En lo que respecta al último tipo de vigilantismo, en América hubo numerosos golpes de Estado frontales o encubiertos, cuyo principal objetivo era sustituir un gobierno progresista o insuficiente para reestablecer el orden y la seguridad de acuerdo con la comprensión de las élites tradicionales de poder, frecuentemente apoyadas por USA.
De todas maneras, Waldmann señala que no se puede hablar de una única realidad latinoamericana, pues cada país es distinto a otro. Sin embargo, no se puede negar que en suma se muestra de forma característica la situación de este continente. Para este autor, Colombia es el país más fértil en cuanto a producción de vigilantismo, pues contiene en su historia todos los modelos expuestos, salvo el golpe de Estado.
En Chile, la situación es un tanto distinta, tras decenios de desarrollo democrático no perturbado, en 1973 se produjo un golpe de Estado, producto del cual fueron eliminados violentamente miles de opositores políticos.
Desde una perspectiva cronológica, también es posible establecer una sucesión en las formas de vigilantismo, correspondientes a distintas fases por las que han atravesado distintas realidades continentales. La primera fase se sitúa entre 1930 y 1960, correspondiente al llamado “regime-control vigilantism”, época en que la inseguridad y búsqueda de nuevos modelos de desarrollo condujeron a frecuentes cambios de gobierno, más o menos violentos. La segunda fase, situada entre 1965 y 1985 corresponde al “social group-control vigilantism”, que consistió en la lucha contra grupos guerrilleros y protestatarios, que producto de la revolución cubana habían conseguido un peso político. A consecuencia de la violación sistemática de los derechos humanos, las fuerzas armadas, que habían asumido la dirección de la contraofensiva vigilantista, perdieron tanto prestigio político, que a comienzos de los años 80 iniciaron su retirada. Así es como surgió el tercer modelo vigilantista, signado “crime-control vigilantism”, cuya lucha está dirigida básicamente contra criminales y asociales individuales, y que se encuentra en manos principalmente de la policía.
La realidad latinoamericana señala que la policía es extremadamente poco cuidadosa de la legalidad, especialmente con ciertos grupos marginales económicamente. Junto con el regreso de las democracias, se ha observado un progresivo recrudecimiento de los métodos policiales. “Parece casi como si el espíritu de la represión estatal, imperante bajo el régimen militar, sólo hubiera cambiado sus portadores y destinatarios: el soldado ha sido reemplazado por el policía, y en lugar del terrorista o del guerrillero, como figura del enemigo ha aparecido el criminal o el asocial”1
Los allanamientos, las amplias acciones de “limpieza”, antes establecidas bajo estrictos supuestos legales, hoy constituyen casi el modo normal de la actuación de la policía en los países latinoamericanos, porque como lo describió muy bien Waldmann, el enemigo interno cambió, fue sustituido el antiguo guerrillero por el criminal. Me parece como una forma de legitimar al Estado y elevarlo a categoría de garante de la seguridad, pero no reconociendo que en su actuación lejos de garantizar, lesiona otros derechos reconocidos mundialmente al ser humano. No es un misterio la gran difusión de comandos policiales especiales y de ejecución, comprobada en Colombia, Brasil, Ecuador, Guatemala y Perú. Estas bandas pueden estar constituidas por formaciones especiales de las fuerzas de seguridad con un status oficial o por grupos de policías surgidos informalmente; con el objeto de crear un efecto intimidatorio en los eventuales delincuentes.
6.- Miedo al Crimen
El miedo al crimen se ha impuesto como tema social, y cabe la pregunta: ¿Si acaso desapareciera el crimen como tema de portada de periódicos, de noticieros centrales, de encuestas, desaparecería también la tendencia a observar este fenómeno como uno de los mayores problemas tanto nacionales como internacionales?. La respuesta mayoritaria -suponiendo que el temor al crimen provenga ahora exclusivamente de una experiencia cercana con el crimen en calidad de víctima- sería afirmativa, o sea, la desaparición del delito como tema con la importancia que se da actualmente. Y esta respuesta da lugar a múltiples lecturas; la primera, insinuada en estas primeras líneas, apunta a que el delito se ha apoderado de los pensamientos de varios de nosotros, por cuanto es un tema recurrido por muchos como una forma de desviar la atención sobre otros temas importantes, como lo señalé anteriormente. Pero ésta no es la única lectura que se puede dar, hay muchas otras y con consecuencias aún más graves.
No se puede negar el delito como fenómeno social, pero por las cifras de victimización con que se cuenta, el delito está muy lejos de ser un problema que merezca el temor que produce, y en este punto cabe plantear varias preguntas más: ¿A qué aspecto del delito se le teme más?, ¿Acaso a la violencia empleada en los delitos con fuerza, por ejemplo?, y a esto se puede responder que los índices de lesiones y muertes por delitos son menores que los producidos por accidentes dentro del hogar. ¿Se teme más bien a la respuesta inadecuada que dan los organismos garantes de la seguridad frente a la comisión de un delito? Efectivamente, la situación de víctima de un delito se agrava ante la percepción de impunidad que se sufre por falta de medios idóneos para reestablecer a la víctima al estado anterior a la comisión del hecho delictivo. Esto lleva la discusión a otro plano. Por un lado, el Estado, la oposición, los medios de comunicación, ponen al delito como tema relevante dentro de la discusión política; al mismo tiempo que son incapaces de responder adecuadamente frente al caso en que concretamente se ha atentado penalmente. Cada uno por distintos motivos y con distintas justificaciones. La de la oposición es clara, y se pueden deducir las de los medios de comunicación. En cuanto al Estado, al parecer, es más fácil poner un tema como este en discusión, convirtiendo al Estado en un Estado penal, con crecientes herramientas de punición; que reconocer la insuficiencia de las políticas sociales para hacer frente desde otros ángulos y mucho más eficientemente al problema criminal. El Estado hace causa común con la ciudadanía frente a un problema que él mismo determina como uno de los más apremiantes, olvidando que al él corresponde por mandato dar a la misma seguridad, pero de otro tipo. La seguridad que el Estado debe proporcionar tiene por contenido mucho más que la promesa de que los centros carcelarios serán más grandes, de que las penas aumentarán, que “la primera es la vencida”. Cuando el camino se dirige hacia allá, lo que ocurre es que se ha perdido de vista una de las funciones prioritarias del Estado, cual es la de ser garante de bienestar, o, en términos de nuestra Constitución Política, promover el bien común. Una aproximación, según mi opinión, al contenido de éste se encuentra en uno de los siguientes capítulos.
Lo que se percibe, es que cada vez con mayor énfasis, se produce una asociación entre inseguridad y criminalidad, y por lo tanto, también entre la seguridad que debe brindar el Estado y el control del crimen. La abogada española María Naredo Molero, en su documento “Seguridad urbana y miedo al crimen” , señala que la seguridad está establecida de modo plural en las declaraciones de derechos y en las constituciones, cita la Constitución española, que la define como “derecho ciudadano a vivir en un clima de paz, de convivencia y de confianza mutua, que permite y facilita a los ciudadanos el libre y pacífico desarrollo de sus derechos individuales, políticos y sociales”. Concluyendo esta autora que a partir de los procesos de segregación y adiestramiento de los ciudadanos como estrategias de seguridad, este término ha ido perdiendo las características que la definían, como la libertad, la solidaridad y la confianza mutua, y que como señalé al principio, se reduce actualmente a la protección de la ciudadanía frente a la criminalidad.
Es cierto que hay inseguridad, pero que no deriva necesariamente del hecho de que “el crimen esté en aumento”, la inseguridad, o “malestar urbano” , tiene raíces mucho más profundas, “en el sentimiento que procede sobre todo de la imposibilidad de planear el futuro, de la crisis del Estado de Bienestar, marcada por una creciente precariedad laboral y por el recorte de la protección social, de la competitividad aprendida desde la infancia, y de la sensación de carecer de alternativas (…) decisiones fundamentales para ciudadanas y ciudadanos, son tomadas en esferas cada vez más lejanas”. La inseguridad es de carácter difuso, en términos de Carlos Lles, estructural, por lo cual, según él, se hace difícil canalizar la insatisfacción hacia sus causas reales. La criminalidad es una “entidad real”, de fácil identificación, así como también la drogadicción, el terrorismo y los drogadictos y terroristas; según este autor, a partir de hechos aislados se van creando entidades reales a través de la cuales se canaliza esa inseguridad abstracta.
No hay que dejar fuera del análisis los múltiples beneficios que implica la lucha contra la criminalidad. Ya se percibe que para un Estado esta desviación de la insatisfacción o “inseguridad abstracta” es muy cómoda, por cuanto le permite con poco esfuerzo hacer centrar la mirada en un fenómeno distinto a su falta de capacidad para enfrentar las tareas que le son propias. Tampoco puede olvidarse que tras toda esta lucha anticriminal, se desarrolla un creciente mercado de la seguridad, ésta es cada vez más un estilo de vida, como señala Mike Davis , quien agrega que la seguridad física es un símbolo de estatus, que diferencia a quien tiene de quien no tiene, y, más aún, a los muy ricos de la clase media. Y este punto da lugar a la reflexión en torno a la estructuración del espacio y de las relaciones sociales, que actualmente están determinados por parámetros de seguridad. De hecho, María Naredo Molero, ya citada, señala que en tres pilares fundamentales descansa el modelo de seguridad de los países del entorno cultural semejante al nuestro. El predominio de las medidas represivas, la criminalización de ciertos grupos y la restricción de libertades entre los habitantes de una ciudad. Característicos de estas estrategias, y muy conocidas por nosotros son, por ejemplo, la creación de un mobiliario urbano destinado a evitar concentraciones humanas, telecámaras por doquier, creación de ghettos en zonas periféricas, y como contrapunto, creación de verdaderas fortalezas en zonas aisladas, para los más pudientes.
No parece necesario ahondar más para, cuando menos, dejar planteada la duda acerca del origen del delito. Con todo lo visto, cabe preguntarse si el delito es en realidad resultado de algún proceso biológico de ciertos individuos, o, como lo señalaron diversos criminólogos, resultado de problemas de socialización, o, por último, resultado de procesos sociales. Estos últimos párrafos parecen indicar que, el delito tiene, al menos, demasiada conexión con procesos sociológicos, estructurales; que el delito, si no en su totalidad, al menos parcialmente está muy influido y determinado por los tipos de sociedad en que se desarrolla.
Por lo mismo, cambios en las estructuras sociales pueden augurar cambios en los procesos delictivos. Los más pesimistas piensan que la situación es insostenible, por lo tanto pregunto, ¿si toda la construcción armada en contra del delito no ha dado resultado, para qué perseverar en lo mismo?. Otros pensamos que las cosas pueden mejorar, con capacidad de crear otras formas de enfrentar el asunto delictivo, puesto que las actuales y pasadas no han dado con los resultados esperados.
Las nuevas estructuras no son de hormigón, tampoco consisten en localizadores GPS, ni son capitalistas o anticapitalistas. Son estructuras sin costo monetario, pero de mucho valor. Invisibles, pero perceptibles.